Aún falta mucho por hacer en el ámbito de la economía cultural

Es preciso levantar entre todos el tema de los derechos culturales, hacernos cómplices en el gran reto de difundir la importancia que tiene la cultura para un país

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es consciente de la importancia que tienen los derechos culturales para una sociedad, y de lo mucho que aún tiene que hacerse para entender el potencial de la economía cultural, realizar una defensa eficiente de la libre expresión, saldar contradicciones en el marco legal en términos de derechos culturales e instalar un esquema viable de mediación o conciliación en el caso de quejas sobre  tales derechos, reconoció el  licenciado Gerardo Gil Valdivia, Secretario Ejecutivo de la CNDH.
  En su visita al Laboratorio de Derechos Culturales, un espacio académico de deliberación coordinado por el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el funcionario señaló como una línea de investigación importante en los organismos internacionales el tema de las violaciones que las empresas realizan a los derechos humanos, asunto que en el país se ha estudiado de forma muy asistemática.
  En respuesta de las observaciones sobre violaciones a derechos culturales y  puntos específicos a tratar dentro de una agenda legislativa sobre derechos culturales que propusieron personajes del ámbito cultural que acudieron al encuentro, Gil Valdivia invitó: “La reforma constitucional al artículo cuarto nos da más armas para la defensa de los derechos humanos, entre ellas una sexta visitaduría, pero es preciso levantar entre todos el tema de los derechos culturales, hacernos cómplices en el gran reto de difundir la importancia que tiene la cultura para un país”.
  Reiteró: “La reforma al artículo cuarto constitucional es la base de una nueva arquitectura constitucional del Estado mexicano, debemos aprovecharla y avanzar en aspectos difíciles como lo es el hacer que las recomendaciones emitidas por la CNDH sean cumplidas”.
  En su participación Bolfy Cotton, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), demandó a las diferentes organizaciones culturales del país exigir al Senado de la República la ratificación del protocolo necesario para acudir a instancias internacionales para el reclamo de los derechos culturales, un mecanismo de exigibilidad que se encuentra detenido, así como la existencia de un ombudsman en esta materia y un catálogo de derechos culturales.
  El doctor Héctor Garay, integrante de GRECU, observó “La infraestructura cultural y el espacio público usado como espacio cultural son medios de manifestación y acceso de las expresiones culturales, principio básico del cumplimiento de los derechos culturales; sin embargo, el empleo de la infraestructura y los espacios públicos en el país se restringe por criterios erróneos, negligencias, omisiones y abusos de la autoridad constituyéndose en una forma de violentar los derechos culturales”.
  Enrique Velasco Ugalde, miembro de GRECU, llamó la atención sobre la enorme desproporción entre sistemas de difusión privados, comerciales, concesionarios y emisoras educativas, culturales, de servicio y permisionarias: la radio privada que opera en el Valle de México, puso como ejemplo, tiene más de tres millones de watts de potencia radiada, mientras que la radio permisionada suma menos de 500 mil watts.
  “Desde el punto de vista social y comunicacional esto significa que la ciudadanía no tiene la menor oportunidad de expresarse, más aún cuando la industria privada se ha encargado de calificar a los sistemas de difusión minoritarios como ‘piratas’ o las ha acusado de ejercer ‘competencia desleal’ y las ha criminalizado como es el caso de emisoras comunitaria”, por ello pidió a la CNDH vigile estos hechos pues “si hay algo que el Estado debe garantizar es el acceso a la libre expresión”, concluyó.