La lucha contra el fraude fiscal en tiempos de crisis

Unión Europea

500 personas para defender los intereses financieros

IVA, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de euros o la evasión del pago de los derechos a la importación de zapatos y prendas de vestir.

Madrid / Ciberpasquinero 

El fraude fiscal constituye uno de los problemas más acuciantes para los diferentes gobiernos europeos, especialmente ante la situación de crisis, que apremia a que se busque más dinero para poder cubrir incluso los servicios públicos esenciales.
La propia Unión Europea (UE) cifra el fraude fiscal entre 200.000 y 250.000 millones de euros y admite su importancia por lo que supone de obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior, al distorsionar la competencia entre los contribuyentes.
Para combatirlo, la UE creó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que cuenta con 500 personas para combatir a los defraudadores y defender los intereses financieros de la UE.
Entre los ámbitos perseguidos están el IVA, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de euros o la evasión del pago de los derechos a la importación de zapatos y prendas de vestir.
Así, en abril de 2011 la OLAF se incautó junto con las autoridades alemanas, lituanas y polacas de cerca de 70 millones de cigarrillos, con lo que se evitaron pérdidas por valor de seis millones de euros.
Según la UE, en 2009 la OLAF cerró 220 investigaciones de casos de fraude a los que dedicó dos años de media.
La OCDE también destaca que la lucha contra la evasión de dinero a paraísos fiscales ha permitido recaudar en impuestos 14.000 millones de euros suplementarios en veinte países a partir de la acción del G20 en el periodo 2009-2011.
Según un informe de la organización, el país que más consiguió ingresar por la acción contra los paraísos fiscales fue Italia, con 5.600 millones de euros adicionales, seguido por Estados Unidos con 2.000 millones, Alemania con 1.800 millones, y Francia con 1.000 millones.
La política fiscal en la UE consta de dos ramas: la fiscalidad directa, que es competencia exclusiva de los Estados miembros, y la fiscalidad indirecta, que afecta a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios.
Respecto a la fiscalidad directa, los Estados miembros han tomado medidas para evitar la evasión fiscal y la doble imposición.
La política fiscal sirve para evitar que la competencia entre los Estados miembros resulte falseada por la disparidad de tipos y regímenes de imposición de la fiscalidad indirecta.