ONU pide reconcoer el problema
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas advirtió que este tipo de delito continúa presente en México, al igual que la impunidad para los que los cometen.
Durante la presentación en la capital mexicana de su informe sobre el país, el Grupo reconoció la complejidad que plantea la seguridad pública en el marco del combate al crimen organizado.
Sin embargo, subrayó que la impunidad “es un patrón crónico demostrado por la ausencia de investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.
Los expertos del Grupo consideraron que el Estado debe reconocer la dimensión del problema como un primer paso para tomar medidas efectivas para su erradicación.
“No puede enfrentarse esta desafiante situación ignorando el respeto de los derechos humanos.
"No pueden adjudicarse al crimen organizado exclusivamente los casos de desapariciones forzadas, sin una adecuada y completa investigación penal”, apuntaron.
El informe examina el estado de la desaparición forzada en México, el marco legal e institucional y la situación del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación; así como la realidad que enfrentan grupos en situación de particular vulnerabilidad, como los migrantes, las mujeres, los defensores de derechos humanos y los periodistas.
En opinión de los expertos los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser restringidos y supervisados por autoridades civiles. Falta política pública integal
Por otra parte, el Grupo señaló que en México no existe una política pública integral ni un marco legal que trate los diferentes aspectos de las desapariciones forzadas.
En este sentido, elaboró una serie de recomendaciones que van desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Durante su misión a México, del 18 al 31 de marzo del 2011, el Grupo de Trabajo visitó varias ciudades del país y se reunió con autoridades, organismos públicos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, familiares de personas desaparecidas forzosamente y víctimas de desaparición forzada.
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