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Que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, no es el mandatario europeo más popular en Bruselas no es un secreto para nadie. Las relaciones entre Budapest y la Comisión Europea (CE) se han tensado hasta tal punto durante los últimos meses que Bruselas no ha dudado en amenazar con duras sanciones a Hungría.
La lista de actuaciones del Gobierno húngaro que no gustan al Ejecutivo comunitario es larga y abarca un amplio catálogo de temas. Desde la reforma del sistema judicial hasta la normativa sobre protección de datos, pasando por el papel asignado al banco central húngaro. Las instituciones europeas creen que el país ha tomado una deriva autoritaria que es necesario reconducir.
Además, Bruselas considera que Hungría no se está esforzando lo suficiente para reducir el déficit y, lo que es más grave, no confía en los datos oficiales que suministra el Gobierno húngaro, una cuestión muy sensible desde el estallido de la crisis griega. Budapest sostiene que el desfase presupuestario se situó el año pasado en el 3,6 por ciento del PIB, relativamente cerca del 3 por ciento comprometido. Sin embargo, la CE sospecha que, si se eliminan algunos elementos excepcionales, el déficit habría alcanzado el 6 por ciento.
En respuesta a esta situación, el pasado 22 de febrero, el Ejecutivo comunitario propuso suspender el pago a Hungría de 495 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, cifra que supone el 0,5 por ciento del PIB.
La medida, difícil de digerir en un contexto de crisis como el actual, comenzaría a aplicarse en enero de 2013.
Sin embargo, después de un tenso intercambio dialéctico entre Bruselas y Budapest, que llegó a calificar de "absolutamente irracional" la propuesta de la CE, la sangre no ha llegado al río.
El Ejecutivo comunitario ha dado de plazo hasta junio para que Hungría tome las medidas necesarias para corregir su déficit. Si lo hace, la sanción propuesta no se aplicará.
El planteamiento ha sido bien recibido por el Gobierno magiar, que lo ha calificado de "racional". Previamente, a principios de marzo, la CE había concedido un mes a Budapest para que modifique algunas de las reformas legales que más incomodan a las instituciones comunitarias antes de llevar el tema a los tribunales europeos.
Bruselas ha puesto los deberes a Hungría pero le ha dejado un cierto margen de actuación. Dicho de otro modo, la CE aprieta pero no ahoga. De momento...
Miguel Ángel Mondelo
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