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El delito se ha convertido en uno de los principales desafíos que amenazan las economías y los medios de vida de los países del Caribe.
Sin embargo, la combinación justa de políticas y programas puede terminar con este problema, según indica el Informe sobre Desarrollo Humano para el Caribe de 2012, lanzado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Informe sobre Desarrollo Humano y la Transición hacia una Mejor Seguridad Ciudadana indica que, a excepción de Barbados y de Surinam, los índices de homicidios, incluso los relacionados con las pandillas, han aumentado significativamente en los últimos doce años, en todo el Caribe, mientras en otras partes del mundo han disminuido o se han estabilizado.
Medidas preventivas
Aunque los índices de homicidios son excesivamente altos, en comparación con los niveles mundiales, el informe explica que los gobiernos del Caribe pueden revertir esta tendencia exigiendo a los gobiernos regionales que fortalezcan las instituciones públicas para abordar el delito y la violencia, incluso el sistema judicial penal, y que impulsen medidas preventivas.
“La violencia limita las decisiones de las personas, amenaza su integridad física y corrompe sus vidas” expresó Helen Clark, Administradora del PNUD, en la ceremonia de lanzamiento del informe, en la que también estuvieron presentes la Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el Director Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz.
Ofrecer seguridad
“El informe destaca la necesidad de replantearse los enfoques para abordar el delito y la violencia, y ofrecer seguridad.
"Necesitamos enfoques centrados en la seguridad ciudadana y debemos abordar las causas de este reciente aumento de delitos violentos, incluso la exclusión política, económica y social”, declaró Helen Clark.
El nuevo estudio recomienda que los gobiernos del Caribe implementen programas de prevención de delitos juveniles, a través de la educación, y que ofrezcan oportunidades laborales a los sectores urbanos marginalizados de bajos recursos.
Es necesario un cambio de enfoque, de uno que se centre en la protección estatal a uno que se centre en la participación y la seguridad ciudadana, promoviendo el cumplimiento de leyes justas, responsables y más respetuosas de los derechos humanos.
El Informe sobre Desarrollo Humano para el Caribe evalúa la situación actual del índice de delitos, así como las políticas y los programas regionales y nacionales, para abordar el problema en siete países del Caribe de habla inglesa y holandesa: Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, Surinam, y Trinidad y Tobago.
Cómo abordar el problema
La región de América Latina y el Caribe, donde vive un 8,5 % de la población mundial, es víctima del 27 % de todos los homicidios del mundo.
Aunque la cifra total de asesinatos en Jamaica disminuyó luego de la finalización del informe, a 1124 en 2011 (la cifra más baja en siete años), el país aún cuenta con el índice más alto de homicidios en el Caribe y el tercero en todo el mundo, en los últimos años, con unos 60 asesinatos por cada 100 000 habitantes.
Honduras y El Salvador
Sólo dos países de América Central lo superan: El Salvador y Honduras, con 66 y 82.1 asesinatos respectivamente, según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Trinidad y Tobago, el informe revela que los índices de homicidio aumentaron cinco veces en la última década, a más de 40 por cada 100 000 habitantes en 2008, y luego disminuyeron a 36 en 2010.
Trinidad y Tobago
El informe observa un aumento en los homicidios relacionados con las pandillas, en Jamaica y en Trinidad y Tobago: la cifra casi se duplicó, en ambos países, de 2006 a 2009.
En 2006, Jamaica alcanzó un total de 1303 homicidios, entre los cuales un 32,5 % se relacionaban con pandillas.
Para 2009, el número de homicidios había aumentado en unos 377 casos y 48,1 % estaban relacionados con pandillas.
En 2006, Trinidad y Tobago alcanzó un total de 371 homicidios, un 26,4 % se relacionaban con pandillas y, para 2009, el país informó un total de 506 homicidios, 34,8 % relacionados con pandillas.
Caricom
El índice estimado por la Comunidad del Caribe (CARICOM) revela que el costo de los delitos relacionados con pandillas oscila entre 2,8 % y 4 % del PIB de la región, tanto a través del costo de la policía y como resultado de los ingresos perdidos por la encarcelación de los jóvenes y la reducción del turismo.
De acuerdo con el estudio, en Jamaica, los delitos generan pérdidas de más de USD 529 millones por año.
En Trinidad y Tobago, si los delitos juveniles disminuyeran un 1 %, se impulsaría el turismo con una ganancia de unos USD 35 millones por año.
Por cada nueva pandilla en una comunidad, los índices de homicidios aumentan un 10 %, de acuerdo con una investigación reciente que se menciona en el Informe sobre Desarrollo Humano para el Caribe.
Recomendaciones
Los delitos destruyen la confianza en el desarrollo futuro, reducen la competitividad de las industrias y los servicios existentes, por ejemplo, imponiendo una seguridad costosa, y pueden deteriorar las inversiones.
Asimismo, la educación y el sistema de salud se ven afectados cuando los recursos se destinan sólo al cumplimiento de la ley.
A continuación, se enumeran algunas recomendaciones clave del informe, elaboradas a partir de varias reuniones con 450 expertos, profesionales y líderes, y que reflejan una encuesta a gran escala, en la que participaron 11 555 ciudadanos de los siete países mencionados.
Mayor equilibrio
Los altos índices de delitos violentos pueden revertirse a través de un mayor equilibrio entre el cumplimiento legítimo de la ley y las medidas preventivas, con un enfoque en la prevención.
Los gobiernos deben crear o invertir más en oficinas que aborden la violencia de género y deben adoptar más medidas preventivas para que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas.
Dado que el delito afecta la cohesión social, los países del Caribe deben abordar mejor la violencia juvenil y el problema de las pandillas callejeras, cuyos delitos no suelen procesarse.
Colaboración comuniaria
La seguridad pública requiere la colaboración comunitaria.
Las organizaciones y grupos juveniles que promueven los derechos humanos, de la mujer y de las víctimas deben ser más activas, y los gobiernos deben fomentar el compromiso de los ciudadanos.
La encuesta demuestra que la población quiere gobiernos que se enfoquen en la prevención de los delitos y en el control.
Aproximadamente un 90 % de los ciudadanos encuestados respalda las medidas preventivas, como una mayor inversión en la creación de empleos, la reducción de la pobreza, la educación y otras iniciativas para desarrollar las capacidades de los jóvenes.
Mientras tanto, un 80 % declaró que "se debe castigar más severamente a los delincuentes".
Situación de inseguridad
La encuesta también revela que cuatro de cada diez ciudadanos consideran que su país puede resolver o mejorar la situación de inseguridad.
Asimismo, el nuevo estudio destaca otras causas del delito, que generalmente no se informan, como bajo nivel de educación y problemas de salud en los jóvenes, dolor físico y psicológico, traumas causados por violencia juvenil, baja calidad de vida, marginalización de los jóvenes y estereotipos negativos que promueven un comportamiento agresivo entre los jóvenes.
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