La desigualdad, un obstáculo para la protección del medio ambiente

PROGRESO SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dos observaciones rigurosas y algunas pistas

Por Anne-Cécile Robert

 

La desigualdad, problema social y político, constituye asimismo un obstáculo para la protección del medio ambiente y una barrera para el desarrollo económico. Estas son las observaciones del Programa de la ONU para el Desarrollo y de la Organización Internacional del Trabajo, que propone algunas soluciones.

El vigésimo informe anual sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) describe un círculo vicioso: las desigualdades amplifican los daños ambientales, los cuales, a su vez, incrementan las desigualdades (1). Los ataques a la naturaleza perjudican más duramente a las poblaciones pobres, en particular a los 1.300 millones de personas que viven de la pesca, la silvicultura, la caza y la cosecha. Así pues, “los países con un índice de desarrollo humano (IDH) bajo, son los que menos han participado en el cambio climático planetario (2), pero quienes han sufrido la mayor reducción de las precipitaciones”. Y eso afecta negativamente su producción agrícola, su acceso al agua potable, al saneamiento, etc., y contribuye a hacer que baje su IDH.

¿Bastaría con que esos países se enriquecieran para protegerse de los daños ambientales? No, responde el PNUD: históricamente, el incremento de las riquezas ha engendrado un aumento de las emisiones de CO2 y un deterioro de la calidad del aire y del suelo. En esas condiciones, ¿cómo hacer para que las exigencias en materia ambiental no perjudiquen el desarrollo de estos países? ¿Cómo “llegar a un equilibrio entre la extensión del suministro de energía y las emisiones de CO2”?

Según los autores, hay “muchas perspectivas prometedoras”, y algunos Estados –como Costa Rica– han logrado a la vez aumentar su IDH, reducir las desigualdades sociales y reducir la contaminación del aire, favoreciendo el acceso al agua potable. Es necesario, entonces, inventar nuevas prácticas que permitan combinar “equidad” y “sostenibilidad”: ampliar el acceso a las energías renovables, reforzar la “autonomización política” de las poblaciones, apoyar la “gestión comunitaria” de los recursos naturales, establecer un impuesto a las operaciones de cambio a escala mundial para financiar las medidas de atenuación y adaptación a los cambios climáticos, o incluso extender el control de los nacimientos. En efecto, “si todas las mujeres pudieran elegir libremente en materia de reproducción, la población aumentaría de una manera lo suficientemente lenta como para llevar las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de su nivel actual. Se cree que si se resolvieran las carencias en materia de planificación familiar antes de 2050, se reducirían las emisiones mundiales de carbono un 17% con respecto a la actualidad”. Uno de los intereses de este informe es formular múltiples propuestas a partir de las observaciones efectuadas en el terreno. Todas ellas implican un cambio de modelo de desarrollo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también está buscando “una alternativa” (3). Al poner de manifiesto los fallos del sistema actual, la crisis financiera habría abierto el camino hacia el cambio, ya que “no es de ningún modo discutible que la incapacidad de los responsables políticos de hoy para tomar medidas decisivas que permitan al poder del Estado proteger a los trabajadores está ligada al discurso neoclásico dominante de las últimas décadas”. Los autores, de distintas formaciones y nacionalidades, hacen primero un balance de varios movimientos sociales de las últimas décadas en Francia, Sudáfrica, Brasil, Asia, etc. En su prefacio, Dan Cunniah, director de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se alegra por la combatividad cada vez mayor, y a veces victoriosa, en especial en los países del Sur.

Como lo muestra el caso de Brasil, los avances sociales no son incompatibles con el dinamismo económico. Según Paulo Eduardo de Andrade Baltar, la experiencia reciente de este país “contradice la hipótesis frecuentemente postulada según la cual la fijación de un salario mínimo conllevaría una pérdida concreta de empleos y presiones inflacionarias. De hecho, destaca la importancia de la reglamentación del mercado laboral nacional por parte de los poderes públicos”. Una reglamentación tanto más urgente cuanto que, según otro informe de la OIT, 2,34 millones de personas murieron en accidentes laborales o por enfermedades de trabajo en 2008, es decir, más de 6.300 al día (4).

Al igual que el PNUD, la OIT pone el acento en las desigualdades, que son a la vez la expresión del modelo dominante y un freno para cualquier salida de una crisis que, no es tanto presupuestaria, sino que más bien está ligada a una mala distribución de las riquezas. “Es más urgente que nunca hacer que los trabajadores reciban la parte equitativa que les corresponde. Más que una cuestión de moral, es la única forma de extirparnos del desbarajuste macroeconómico actual”, explica Sharan Burrow, secretaria general de la Organización. Y añade: “En tiempos de crisis, sin duda no es cuestión de seguir actuando como de costumbre...”

 

NOTAS:

(1) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Informe Mundial sobre desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un futuro mejor para todos”, Nueva York, 2011, www.undp.org/spanish/

(2) El PNUD observa, por ejemplo, que un ciudadano de Qatar emite la misma cantidad de gases de efecto invernadero en diez días que un habitante de un país con un IDH bajo en un año.

(3) Nicolas Pons-Vignon (bajo la dir. de), “Existe una alternativa. Políticas económicas y estrategias laborales más allá de la corriente dominante”, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 27 de julio de 2011, 150 páginas, www.ilo.org

(4) “XIX World Congress on Safety and Health at Work – ILO INtroductory Report: Global Trends and Challenges on Occupational Safety and Health”, OIT, septiembre de 2011.

via monde-diplomatique.es