Francia abre un nuevo frente contra los gigantes de internet

La cultura no es una mercancía como cualquier otra.

La ministra francesa de Cultura, Aurélie Filippetti, abrió un nuevo frente contra un gigante de la economía digital, sector al que Francia trata de poner límites en defensa de la "excepción cultural", la idea de que la cultura no es una mercancía como cualquier otra.
"Todo el mundo está harto de Amazon", afirmó la ministra, denunciando el "dumping" de la empresa norteamericana de venta de libros por internet.
Filippetti hizo esa declaración el lunes al anunciar en Burdeos (suroeste) un plan de ayuda a las librerías independientes.
La ministra agitó contra Amazon la amenaza de una medida administrativa, el hecho de que no pueda acumular ventajas de que goza actualmente.
Para el gobierno francés, ese combate va más allá del mercado nacional. Se trata de preservar la cultura y sacarla de las futuras negociaciones sobre un acuerdo de libre intercambio entre Europa y Estados Unidos. Para ello, ha obtenido ya el apoyo de 13 países europeos.
Amazon posee tres plataformas de distribución en Francia.
Francia se había enfrentado ya en una largo pulso con Google, al cabo del cual se firmó un acuerdo, presentado como "histórico", entre los editores de prensa franceses y el gigante de Internet.

Ese acuerdo prevé que Google pague 60 millones de euros para el desarrollo de la prensa en línea.

Apoyados por el Estado, los editores de prensa franceses pedían que Google el pago de derechos por los beneficios publicitarios que la firma percibe, limitándose a referenciar sus títulos.
Según estimaciones, Google tuvo en Francia en 2011 una facturación de entre 1.250 y 1.400 millones de euros, pero sólo habría pagado poco más de cinco millones de euros en concepto de impuesto a las empresas.
Según la Federación Francesa de Telecomunicaciones (FFT), asociación que defiende los intereses de los operadores franceses, los gigantes estadounidenses Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft pagaron 37,5 millones de euros de impuestos en 2011 en Francia, 22 veces menos de lo que tendrían que haber pagado si su actividad de producción estuviera localizada y declarada en el país.