Los autores del proyecto de reforma a las leyes de inmigración se han comprometido públicamente a contrarrestar enmiendas que busquen debilitar la iniciativa. En las próximas horas sabrán qué tan ardua será esa tarea.
Los 18 integrantes del comité judicial, 10 de ellos demócratas, que comenzarán a debatir la propuesta el jueves, tienen hasta la tarde del martes 7 de mayo para presentar sus enmiendas al proyecto de ley elaborado por un grupo bipartidista de ocho senadores, que busca conceder la opción de naturalización a 11 millones de inmigrantes sin papeles siempre y cuando se adopten medidas para aumentar la seguridad en la frontera.
Y se especula que los sectores que más resisten la reforma apelarán a esas enmiendas para tratar de debilitarla.
El propio senador Marco Rubio, republicano conservador que integra el grupo que elaboró el proyecto, dijo la semana pasada que hay que ofrecer mejores garantías a la seguridad fronteriza para aumentar las posibilidades de aprobación en la cámara baja, controlada por los republicanos.
"Claramente lo que tenemos ahora no es suficiente para demasiadas personas, así que tenemos que mejorarlo", indicó durante una entrevista radial el senador hijo de cubanos, considerado un posible aspirante a la Casa Blanca en 2016.
Los partidarios de la reforma pronostican una fuerte ofensiva del otro bando a través de las enmiendas.
"Buscarán hacer el proceso más difícil, más costoso, reducir la cantidad de beneficiarios para debilitar el programa y desestabilizar la coalición que apoya la reforma", señaló Lynn Tramonte, subdirectora de la organización pro reforma migratoria America's Voice. "Así que estaremos muy pendientes de esos aspectos".
Los detractores del proyecto de ley "deberían darse cuenta de que no podrán sacar adelante una enmienda para eliminar el programa completamente. Ese debate terminó y lo perdieron", dijo la activista.
El presidente del comité judicial, el demócrata Patrick Leahy, espera recibir docenas de enmiendas cuya totalidad será publicada en la página web del comité una vez termine el plazo para su presentación a las 5 de la tarde del martes.
Leahy anunció el lunes la presentación de la primera enmienda, que busca prohibir al departamento de Seguridad Nacional cobrar un pago a peatones y pasajeros de vehículos que ingresen a territorio estadounidense.
Las únicas otras enmiendas hasta el momento son las cuatro presentadas por la senadora demócrata por Hawai Mazie Hirono, quien entre otras medidas busca excluir a los hijos de algunos filipinos en la segunda guerra mundial de las limitaciones numéricas impuestas a las visas estadounidenses de inmigrante, y brindar a ciudadanos chinos visas de entradas múltiples a territorio estadounidense.
Las intervenciones de los senadores durante las audiencias celebradas recientemente para analizar el proyecto de ley arrojan pistas claras de posibles enmiendas y sus autores probables.
Leahy ha expresado públicamente su deseo de incluir entre los beneficiados del proyecto de ley a la comunidad LGBTI para "acabar con la discriminación que familias homosexuales enfrentan en nuestra ley migratoria" que actualmente impide a los ciudadanos estadounidenses ofrecer su patrocinio para que parejas del mismo sexo regularicen su estatus migratorio.
Su correligionario Al Franken mencionó por su parte la conveniencia de presentar una enmienda para proteger a los niños afectados directamente por la aplicación de sanciones migratorias.
El líder de la bancada contraria Chuck Grassley ha criticado al proyecto de ley porque a su juicio no condiciona de manera satisfactoria la opción a la naturalización para los inmigrantes sin papeles al incremento de la seguridad fronteriza.
El senador de ancestros cubanos Ted Cruz dijo que cualquier proyecto de ley que insista en la opción a la naturalización "pone en riesgo las probabilidades de que se apruebe cualquier reforma migratoria". Y el senador Jeff Sessions ha insistido en que la iniciativa reduciría los salarios y eliminaría empleos para los estadounidenses.
La Fundación Heritage, crítica acérrima a la reforma migratoria, advirtió el lunes que la aprobación del proyecto de ley costaría a los contribuyentes estadounidenses 6.300 billones de dólares. Pero el también conservador Instituto Cato puso en duda la precisión del estimado de Heritage.
Los únicos republicanos en el comité que se han pronunciado a favor del proyecto de ley son dos de sus ocho autores: Lindsay Graham y Jeff Flake.
El resto del grupo lo completan los republicanos John McCain y Marco Rubio, y los demócratas Chuck Schumer, Bob Menéndez, Dick Durbin y Michael Bennet.
El proyecto de ley busca condicionar a un reforzamiento de la seguridad fronteriza la opción de la naturalización para los 11 millones de inmigrantes sin papeles que no tengan prontuario policial, paguen multas por 2.000 dólares y pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.
Una eventual aprobación de la reforma en el Senado -controlado por los demócratas- resolvería solamente la mitad de la ecuación, y quedaría pendiente la cámara de representantes controlada por los republicanos.
El presidente del comité judicial, el republicano Bob Goodlatte, anunció recientemente que abordará la reforma migratoria a través de proyectos de ley separados, mientras espera que un grupo bipartidista de ocho representantes presente su propuesta, que han negociado a puertas cerradas desde 2009.
"La gran pregunta es, y no tengo una respuesta, cuánto tardará la cámara baja para producir una versión que pueda aprobar, porque entonces la acción estará en la conciliación de las versiones de ambas cámaras", explicó a AP Demetrios Papademetriou, presidente del Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés).
"Cuando tienes el comité de conciliación, los presidentes (de ambas cámaras) pueden ejercer un control bastante mayor que cuando el proyecto de ley avanza porque los presidentes designarán a los miembros del comité, quienes en representación de los presidentes emitirán una versión que volverá a cada cámara para su aprobación", agregó. "Sospecho que si nos va bien con la versión de la cámara baja, y tenemos dos versiones en el comité de conciliación, muy probablemente tendremos una reforma migratoria".
El republicano Carlos Gutiérrez también se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de que el Congreso apruebe este año la reforma migratoria.
"Va a haber un gran debate, no va a ser fácil. Nunca es fácil, pero el entorno es mucho más positivo que hace siete años", dijo ex secretario de Comercio durante la presidencia de George W. Bush. "Tenemos la mejor oportunidad que hemos tenido en 20 años".
Marshall Fitz, director de política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP por sus siglas en inglés), describió como "único" el proceso diseñado por el comité judicial al pedir que las enmiendas se presenten 36 horas antes del inicio del debate, lo cual constituirá "el universo entero de lo que será considerado durante lo que parece ser un proceso de tres semanas".
Los integrantes del comité "podrán diseñar un proceso que puede ser diferente a como sería en una circunstancia normal. Lo hicieron por una buena razón: tener transparencia para que las personas puedan profundizar en los diferentes temas", agregó el directivo de CAP, una organización activista de tendencia liberal.
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