Rezago en las comunidades originarias, resultado de un modelo extremo de disparidad social

El rezago en los pueblos originarios no es
resultado del olvido, fragmentación, lejanía o negativa a participar en
el desarrollo, sino de un modelo extremo de disparidad social con
estrategias de combate a la pobreza que muestra su inoperancia y
ausencia de resultados, expuso José del Val Blanco, director del
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
Interculturalidad (PUIC) de la UNAM.


Las medidas referidas constituyen una lógica del
Estado que considera a los sectores e individuos más desfavorecidos
sujetos privilegiados de programas ostentosos, que cumplen la función
de mantenerlos en esa condición, con el menor costo político posible,
añadió en el Seminario Permanente sobre Migración Indígena.


Analizar, cuantificar y delimitar la miseria es
una preocupación compartida por gobiernos y organismos internacionales,
pero la prioridad debería ser atender sus causas, puntualizó en el
Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios.


Las reformas recientes no auguran cambios
sustantivos en la relación de estos pueblos con el Estado. Las
propuestas pueden implicar la transgresión de sus derechos hasta lograr
su extinción y cometer, explícitamente, un etnocidio tipificado en la
legislación internacional.

Cifras de la disparidad

Al respecto, Del Val Blanco dijo que los
estudios y mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) advierten que la pobreza y desigualdad
tienen sus máximas expresiones en los municipios con mayoría
originaria.

1. Sólo uno de cada cuatro mexicanos indígenas
   cuenta con estudios de secundaria completos o ingreso al bachillerato
   (el promedio nacional es de más del 50 por ciento de cobertura en estos
   niveles). 
2. Asimismo, el sector presenta las mayores carencias respecto
   al acceso a alimentación y condiciones de la vivienda, según los
   informes más recientes del organismo.
3. En contraste, sus tasas de ocupación son de
   entre 70 y 90 por ciento en personas de 25 a 59 años y superiores a las
   dos quintas partes de los mayores de 60. 
4. En el medio urbano trabajan,
   principalmente, en construcción y en el sector terciario informal,
   actividades mal pagadas y de baja calificación.

La mayoría carece de elementos mínimos o
esenciales, lo que los limita en el ejercicio de sus derechos sociales,
garantías que no se cumplen o que son inexistentes para ellos.

Organismos internacionales advierten que la situación de estos pueblos
en América Latina es más adversa que la revelada por cifras oficiales,
puntualizó.

Recientemente, elementos como los hidrocarburos,
los minerales, el agua, la biodiversidad y hasta los saberes
tradicionales son considerados mercancías.

La mayoría de los países de
la región han renunciado a su soberanía territorial y a la potestad
primaria sobre sus recursos estratégicos en perjuicio de sus
poblaciones.


En la primera mitad del siglo XX, en México se
concesionaron más de 51 millones de hectáreas del territorio nacional,
destinadas a 24 mil 351 proyectos mineros.

El crecimiento inmediato de
esa industria exigió en 2011 la entrega de mil 512 concesiones nuevas,
hasta por medio siglo, a cerca de 300 empresas extranjeras.


Los pueblos indígenas enfrentan el despojo,
instalado como alternativa única para el desarrollo y crecimiento,
impuesta sobre comunidades, recursos, territorios y culturas.



UNAM